lunes, 26 de enero de 2015

UNA DE PEDAGOGÍA POLÍTICA



Sería conveniente que los representantes políticos que acudan a los medios de comunicación se prepararan sus intervenciones al objetor de elevar el listón del debate, con pedagogía política.


OPINIÓN


Digo esto porque viendo casualmente un debate televisivo en CANAL 4 se denotaba falta de información entre los tertulianos, para rebatir argumentos, por ejemplo, en lo que refiere al transfuguismo. Los representantes políticos desconocían asimismo que uno de ellos, Pepe Suárez, ex concejal del partido popular, absuelto del caso Faycán, fue imputado junto con otros concejales, en el pelotazo de Guillermo Reyes, con la finca de San Rafael.

                                                                              

El ex concejal popular, Jose Suárez manifestó en el programa, Mas Que Política que los 4 concejales que sustentan al gobierno en su nueva etapa eran tránsfugas. 

                                                                   

Un año después de la incorporación de los 4 concejales, los políticos que acudan a los medios tienen que tener claro al menos las nociones básica de la Ley de transfuguismo, con lo que tendría argumentos para recordarle a Suárez que entre otros cosas, la citada ley impide la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas.



Riguela de Más por Telde y Ojeda, que debutaba por Nueva Canarias, perdieron una oportunidad para recordarle a Pepe Suárez que las nuevas incorporaciones en el gobierno de Telde, de los concejales que el popular llama tránsfugas, se produce como consecuencia del abandono del gobierno de forma de irresponsable portazo de la banda política de los hermanos Reyes, con quién el ex concejal del PP, Pepe Suárez comparte imputación judicial por la escandalosa permuta de la finca San Rafael, un turbio caso en el que el tribunal insiste en que "llama la atención y no se explica fácilmente la evidencia incontestable" de que el Ayuntamiento valorara esa finca en agosto de 2004 en 6.339.527 euros, cuando la empresa beneficiaria de la permuta la había adquirido en julio por 2.524.250 euros, según la escritura pública. "Se puede decir más alto, pero difícilmente más claro", apostilla ahora al TSJC la Audiencia, que cree que esa operación pudo haber causado "un gran perjuicio al patrimonio municipal", por lo que no se debe descartar por ahora que quienes la aprobaron incurrieran en prevaricación y que el responsable de Iniscan "influyera" sobre ellos "para obtener tan sustancioso beneficio".